Cartagena de Indias es la ciudad más visitada de Colombia. Turistas de todas las latitudes llegan buscando el encanto del Caribe, el sol, la brisa, el mar, las callecitas y balcones coloniales. Y claro, también buscando sexo.

El comercio sexual y el proxenetismo son temas que cada vez más ocupan titulares y las conversaciones de los colombianos. Y no es que sean novedad o un tema exclusivo de Cartagena, pero sí tiene elementos especiales que no comparte con otras ciudades. ¿El principal? Su geografía y corrupción política permite que ocurran toda clase de hechos ilícitos que pocas veces tienen condena.

Cartagena no solo es una de las joyas de Colombia y Patrimonio Histórico de la Humanidad, que en lo que va de 2018 ha recibido alrededor de dos millones de turistas; es una de las más inestables políticamente y la tercera más pobre del país, además de una de las más inequitativas. En seis años, la ciudad ha visto pasar diez alcaldes, la mayoría destituidos y con procesos judiciales vigentes, situación que ha minado fuertemente su institucionalidad.

En medio de este caos político muchas cosas fallan en la ciudad, temas como permisos y reglamentaciones de eventos, asignaciones de recursos y demás, pasan de mano en mano y quienes toman las decisiones duran muy poco tiempo en sus puestos como para asumir responsabilidades. Algo así ocurrió en 2017 cuando se conoció que Cartagena sería la sede del Congreso Latinoamericano de Pornografía, ‘Latin America Adult Business Expo’; mientras las autoridades distritales se rasgaban las vestiduras y anunciaban que harían todo lo posible por mantener la imagen de la ciudad, el evento se llevó a cabo.

También se han promocionado por redes sociales fiestas conocidas como Sex Island, en las que por 7.000 dólares se recibe acceso a una fiesta VIP en yate privado, con destino a una de las islas privadas de la ciudad –donde la presencia de la autoridad es casi nula- y acceso a drogas, alcohol y sexo ilimitado con mujeres jóvenes. La primera de estas fiestas prometía ser a finales de 2017, tras el escándalo mediático, al parecer el evento fue cancelado, sin embargo en las últimas semanas el tema resurgió pues los organizadores de Sex Island están promoviendo la versión 2018 del evento, esta vez tienen a Cartagena entre las dos finalistas para ser la sede elegida, pero solo lo revelarán en el último minuto a quienes confirmen asistencia.

Ante cada uno de estos eventos no faltan las declaraciones de las autoridades. “Aquí no toleramos el mínimo intento de faltar el respeto a nuestra ciudad, y estamos en contra de los abusos y la promoción de la explotación sexual en cualquiera de sus formas”, señaló el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira. Al final esas declaraciones se quedan en eso, en palabras sin hechos, pues las autoridades no logran comprobar si ocurren o no las fiestas: son islas alejadas, yates privados, y con adultos (al menos eso se cree) que llegan allí bajo su propia responsabilidad.

Hay más: el julio pasado, las autoridades capturaron a 18 personas en medio de una operación contra la esclavitud sexual en la ciudad, por casos como la explotación a niñas y adolescentes en las plazas públicas del centro histórico, trata de mujeres en islas del Caribe, encuentros sexuales con niñas y adolescentes para turistas extranjeros y el aberrante caso de un excapitán de la Armada que tatuaba a sus víctimas menores de edad después de abusarlas y extorsionarlas en repetidas ocasiones.

Esta operación ha resultado tan escandalosa, que la justicia fue inusualmente eficiente y ya condenó al excapitán a 261 meses de cárcel. En esa misma operación cayó ‘La Madame’, mujer acusada de dirigir una red de prostitución VIP en la ciudad, y quien ahora es una celebridad nacional. Muchos quieren tomarse fotos con ella en la cárcel de San Diego y hasta el secretario de Seguridad de Cartagena, Víctor Arango, debió renunciar a su cargo luego de tomarse una selfie en la cárcel con ‘La Madame’.

“Director de Distriseguridad de Cartagena en selfie con La Madame, va en contravía de la lucha contra la corrupción y la construcción de una administración pública que actúe con ética y sea referente de la decencia”, comentó en twitter la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ramírez, quien aún no cumple su primer año en el cargo, no solo le dio la estocada final al secretario de Seguridad con su tuit, sino que en los últimos días se refirió a lo que está ocurriendo en la ciudad: “Hay que erradicar el turismo sexual de Cartagena, erradicar esta idea de que Cartagena es el prostíbulo del mundo, que es el sitio donde hay tolerancia frente al turismo sexual con los menores. Todos y cada uno de los habitantes en esta ciudad tenemos que velar por los menores. Si hay niños que se ve que están en peligro y que son vulnerables, hay que avisar a las autoridades, tenemos que hacer una red institucional para reaccionar con prontitud”, dijo Ramírez.

‘La Madame’ como se conoce a Liliana del Carmen Campos, de 47 años, estuvo en la cárcel en Estados Unidos y fue extraditada a Colombia en 2005. Era expareja de un narcotraficante y estudió modelaje en Nueva York. Esos contactos en Estados Unidos le permitieron iniciar un supuesto próspero negocio de prostitución y llegó a manejar un catálogo de mujeres para el servicio sexual de clientes de alto nivel, a quienes atendía en lujosos hoteles y propiedades de la ciudad o que acompañaban a fiestas como despedidas de solteros, en yates hasta las islas del Rosario. El problema no era que ofreciera su cuerpo, sino que, según las autoridades, ofrecía a otras mujeres de su ‘catálogo’ y se quedaba con un alto porcentaje de la ganancia.

“Yo trabajaba con gente pública, de Estados Unidos y México. Le hice la despedida de soltero al hermano de Lindsay Lohan. Yo traía a jugadores de los Mets y no me iba a quemar las pestañas, a ir al aeropuerto a trasnocharme pagando un vestido de 500 mil pesos (unos 160 dólares) y un tacón de 200 mil (unos 70 dólares), para que en cuatro días que me vengan a pelar el cobre por 200 mil pesos. Yo iba por lo mío. La mínima propina era de 5 millones (1.600 dólares), porque yo hago todo. Yo estoy atenta al agua, al hielo, al licor, acaparaba todo, transporte, yates, ya en el barco estaba todo. Yo no tenía competencia, a mí me tiene aquí es la envidia”, le dijo al diario local El Universal desde la Cárcel de San Diego, el mismo día que el secretario de Seguridad de ciudad se tomó el polémica selfie.

El tema no se queda en el ámbito local o nacional. En la ciudad se cuestiona a una parte de la comunidad israelí por tener lugares como la Casa Golam y Casa Benjamín, espacios donde se hacían fiestas que duraban días y se formaban escándalos sexuales con menores de edad, en pleno sector de El Laguito, una de las zonas más turísticas de Cartagena. Assi Moosh y Jakob Amsalem manejaban un negocio de turismo en el que estaría detrás una red de prostitución y droga exclusiva para israelitas. Estas fiestas son un secreto a voces no solo en Cartagena, sino en otras ciudades del Caribe colombiano, como Santa Marta, a donde llegó Moosh en 2009. Este exmilitar israelí, que fue expulsado de Colombia a finales de 2017, se presentaba como un exitoso hotelero, pero detrás de ello se escondía un negocio de explotación sexual que convirtió al Caribe colombiano en el destino preferido de los militares israelíes retirados.

“Venían a Colombia en una actividad en años sabáticos, con recursos que les paga el estado de Israel después de prestar el servicio militar y se despegaban en actividades sexuales altamente repudiables, al punto que contrataban fincas y hacían festividades ilícitas” explicó en su momento el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a medios nacionales. “Se hicieron operativos muy importantes que el país nunca conoció, donde eran verdaderas hordas de extranjeros, de israelíes que llegaban al país y les ofrecían toda clase de bacanales punibles y que fueron objeto de intervención en su época”.

Quienes trabajan solas no cometen ningún delito, pues en Colombia el trabajo sexual está calificado como un oficio. Lo que es ilegal es lo que se conoce como proxenetismo y, aún peor, el comercio sexual que involucre a niños, niñas o adolescentes, asuntos que también se ven en las calles de la ciudad amurallada. Ellas cobran entre 30 y 50 dólares por un “ratico”, ofrecen sus servicios a los hombres que pasan por las bocas de entrada a la ciudad amurallada desde que comienza a caer la noche hasta bien entrada la madrugada. Ahora también las acompañan venezolanas que han llegado a Cartagena escapando de la crisis de su país. Ellas ofrecen su cuerpo por la mitad de lo que lo hacen las colombianas. La competencia es dura y está en juego la comida de una familia.

Y es que en Cartagena viven un poco más de un millón de personas, de las cuales 262.000 son pobres, y unas 40.000 viven en la pobreza extrema. Esta necesidad es invisible para los turistas que se pasean por la ciudad amurallada y que pueden llegar a gastar hasta 70 dólares por persona en una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad amurallada, lo que equivale a una semana de salario mínimo en Colombia. Es precisamente este nivel de desigualdad el que ha convertido a la ciudad en un terreno fértil para el comercio sexual, pero las medidas parecen ser pocas y no pasan de lemas o posiciones institucionales.

Mientras las autoridades se desesperan porque este no sea visto como un destino atrapado por el sexo y la directora de turismo prohíbe hablar de turismo sexual, la ciudad se sigue moviendo a otro ritmo, un ritmo mucho más vertiginoso y oscuro.