El programa electrónico "E-Verify", que permite comprobar el estatus migratorio de los trabajadores, renovó el martes la lucha sectaria dentro y fuera del Congreso de EEUU, sin que se avecine ninguna solución a la presencia de los indocumentados.

No está claro si el Congreso aprobará los fondos para que continúe ese programa piloto, incluido en una ley de inmigración de 1996, pero eso no detiene a legisladores y grupos conservadores que mantienen una lucha férrea contra la inmigración ilegal.

De hecho, el senador republicano Jeff Sessions prevé presentar una enmienda para darle oxígeno al programa por otros cinco años, en el marco del debate y votación definitiva de un proyecto de ley presupuestario de 410.000 millones de dólares para el año fiscal en curso.

Según Sessions, cerca de 2.000 negocios se inscriben voluntariamente en el programa electrónico cada semana, además de los 112.000 que ya lo usan para comprobar, mediante el número de Seguro Social, el estatus migratorio de quienes llaman a su puerta en busca de empleo.

El programa, que provoca tantas críticas de grupos defensores de los inmigrantes como elogios de grupos que piden mano dura contra los indocumentados, fue excluido del plan de estímulo aprobado por el Congreso.

Pero Sessions no se conforma con la extensión de seis meses que estipula el proyecto presupuestario y quiere ir más lejos.

Suponiendo que su enmienda se apruebe, Sessions ha dicho que presentará próximamente un proyecto de ley para hacer de "E-Verify" un programa permanente y obligatorio para las empresas que consiguen contratos federales.

En enero pasado, el Gobierno del presidente Barack Obama postergó hasta el próximo 21 de mayo la puesta en marcha de una medida que obliga a todo contratista y subcontratista federal utilizar el programa electrónico.

Para Sessions y quienes lo apoyan dentro y fuera del Congreso, "E-Verify" es un "componente clave para la creación de un sistema de inmigración legal...para eliminar el imán de empleos que atrae a la gente a nuestro país de forma ilegal".

Los grupos conservadores le dan la razón y sus argumentos adquieren incluso un matiz nacionalista porque, a su juicio, ante la peor crisis económica en EEUU desde la Gran Depresión, el Gobierno debe crear y proteger los empleos para los estadounidenses.

De nada sirven las advertencias de que el programa no está libre de errores que incluso ponen en peligro los empleos de ciudadanos estadounidenses, y que además acarrea un alto costo para el Gobierno.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CPB) ya advirtió en abril de 2008 que una expansión de "E-Verify" disminuirá los ingresos fiscales en 17.300 millones de dólares entre 2009 y 2018 porque, predeciblemente, muchas empresas buscarían formar alternativas de pagarle a los indocumentados que contraten, evadiendo impuestos.

El debate sobre qué hacer con los doce millones de inmigrantes indocumentados no se da en el vacío: se da en los foros empresariales, en la blogósfera, en las alcaldías y concejos locales donde hay una fuerte presencia extranjera.

Pese a la urgencia que según la clase política tiene el tema, no hay visos de solución.

Obama en el pasado ha indicado que "E-Verify" debe ser parte de una estrategia integral para reformar el maltrecho sistema de inmigración.

Pero, como en años pasados, el debate vuelve a enfrentar a grupos en cada extremo del problema: los sindicatos y grupos empresariales y cívicos señalan que las bases de datos sobre las que depende "E-Verify" están repletas de errores que incluso le pueden costar el empleo a un ciudadano estadounidense.

Además, por su aspecto y acento, los extranjeros están siempre expuestos al riesgo de ser discriminados a la hora de solicitar empleo, o de ser contratados en condiciones irregulares.

Para que haya un debate honesto y serio sobre la inmigración ilegal, aseguran los expertos, los legisladores harían bien en escuchar las voces moderadas y no la de grupos extremistas que ven a los inmigrantes con bajas destrezas laborales como un peligro para la seguridad nacional.