Memorandos de asesores de la anterior
administración estadounidense revelan que el ex presidente George W.
Bush disfrutaba de poderes ilimitados en su guerra contra el terror,
según un documento publicado el martes por el Departamento de Justicia.

El documento, de 11 páginas y que se refiere a opiniones legales
emitidas entre 2001 y 2003, revela que el anterior Gobierno denegó
al Congreso "cualquier papel" para regular la detención, los
interrogatorios, la acusación y transferencia de enemigos
combatientes capturados en la guerra contra el terror tras el 11-S.

En el primer memorando, con fecha del 13 de marzo de 2002, la
Oficina de la Asesoría Legal de la Casa Blanca se refirió al poder
del presidente como comandante en jefe para transferir terroristas
capturados a otros países y de otorgarles el control y la custodia.

Jay S. Bybee, entonces fiscal general adjunto de la Oficina Legal
de la Casa Blanca, afirma que el poder de disponer de la libertad de
individuos capturados y llevados bajo control de las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos durante operaciones militares "sigue estando
únicamente en las manos del presidente".

En otro memorando, que data del 8 de abril de 2002, la Oficina
Legal señala que el Congreso no puede regular más la capacidad del
presidente de convocar comisiones militares o capturar enemigos
beligerantes que lo hace sobre su capacidad de dirigir movimientos
de tropas en un campo de batalla, es decir su poder es nulo.

Con las mismas palabras se expresa la Oficina Legal acerca del
poder del presidente de ordenar que el Ejército detenga a ciudadanos
estadounidenses.

De un cuarto memorando, escrito el 1 de agosto de 2002, se
desprende que la Casa Blanca entendió que el Congreso no tenía
autoridad para regular las detenciones e interrogatorios a enemigos
combatientes.

"Cualquier esfuerzo por parte del Congreso de regular los
interrogatorios a combatientes violaría la autoridad consagrada en
la Constitución que se le da al presidente como comandante en jefe",
reza el documento. Esta opinión legal fue anulada más adelante.

En otro memorando del 14 de marzo de 2003 sobre las prácticas de
interrogación del Ejército a combatientes enemigos detenidos fuera
del suelo estadounidense, la Oficina Legal señala que el poder
Legislativo no puede "interferir" en la gestión del presidente de
los interrogatorios a enemigos combatientes.

También esta opinión legal fue retirada más adelante.

Sobre la autoridad del presidente de Estados Unidos de poder
suspender ciertas provisiones de tratados internacionales, los
asesores de Bush consideraban el 15 de noviembre de 2001 que es una
decisión discrecional del mandatario y se puede ejecutar "siempre
que (él) determine que está en el interés nacional".

En otro texto los asesores se refieren el 22 de enero de 2002
directamente a los miembros de Al Qaeda o los taliban detenidos, al
asegurar que el presidente posee "criterio ilimitado" de anular
tratados internacionales.

Otro memorando polémico es el que aborda la Ley de Supervisión de
Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA, en inglés) y el
objetivo de Bush de enmendarla para cambiar su propósito y los
estándares para los registros.

El texto alega que si el interés del Gobierno de prevenir
atentados contra estadounidenses en su suelo implica el derecho a la
defensa propia y el hecho de que los tribunales reconocieron que el
uso de la fuerza mortal es razonable bajo la Cuarta Enmienda si es
usada en defensa propia o para proteger a otros, entonces se
justifica también las búsquedas o registros "sin orden judicial".