La intención del presidente Donald Trump de aceptar un lujoso jet donado por Qatar como reemplazo provisional del Air Force One reaviva las alarmas sobre conflictos de interés, seguridad nacional y posibles violaciones a la Constitución.

La escena podría parecer salida de una novela política, pero es real: el presidente Donald Trump ha dicho que sería “estúpido” rechazar el ofrecimiento de Qatar de donar un avión de lujo para usar como Air Force One, mientras se retrasa la entrega oficial de los nuevos aviones presidenciales encargados a Boeing. El gesto del gobierno catarí –que Trump calificó como “magnífico”– ha desatado una tormenta de críticas y cuestionamientos éticos en Washington.

La aeronave en cuestión es un Boeing 747-8, una de las más lujosas del mundo, ofrecida por la familia real de Qatar. El mandatario, de 78 años, aseguró que se trata de un obsequio al Departamento de Defensa y que no implica ninguna compensación o favor diplomático. “Podría decir que no queremos un avión gratis, muy caro. O podría decir: gracias”, respondió Trump visiblemente molesto ante las preguntas de los reporteros.

Sin embargo, las implicaciones del caso van más allá del tono del presidente. El artículo I, sección 9 de la Constitución de Estados Unidos —conocido como la Cláusula de Emolumentos— prohíbe que funcionarios del gobierno acepten regalos de “ningún Rey, Príncipe o Estado extranjero” sin la aprobación del Congreso. Varios senadores demócratas ya levantaron la voz: “Aceptar un regalo de \$400 millones de un gobierno extranjero crea un claro conflicto de interés”, advirtieron en un comunicado conjunto los senadores Cory Booker, Brian Schatz, Chris Coons y Chris Murphy.

Además del posible conflicto legal, hay serias preocupaciones en torno a la seguridad nacional. ¿Es prudente que el avión más simbólico y sensible de la presidencia estadounidense provenga de un país extranjero, incluso si se canaliza como una donación institucional? ¿Cómo garantizar la integridad técnica y operativa de una nave presidencial que no ha sido fabricada ni modificada bajo los estrictos estándares del gobierno estadounidense?

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt intentó calmar los ánimos asegurando que el proceso se desarrolla con “la máxima transparencia” y que aún se están definiendo los detalles legales. Aclaró además que la donación no se hará directamente a Trump sino al Departamento de Defensa.

Pero desde Doha, la versión fue distinta. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Qatar dijo que no se trata de una donación sino de una transferencia “temporal” del avión como parte de un acuerdo aún en evaluación con el Pentágono.

Trump, por su parte, desestimó los reparos constitucionales. En un momento incluso sugirió que el avión podría terminar en su futura biblioteca presidencial, como lo hizo Ronald Reagan con un antiguo Air Force One. La comparación no convence a sus críticos, quienes recuerdan que Reagan utilizó una aeronave oficial del gobierno, no un regalo del extranjero.

Este nuevo episodio subraya un patrón conocido: Trump no solo rompe con la tradición, sino que desafía los límites establecidos entre la política exterior, la ética pública y sus intereses personales o simbólicos. Ya había manifestado su descontento con Boeing por los retrasos en la entrega de los nuevos Air Force One, y dejó ver que no descarta alternativas fuera del país.

Mientras tanto, sigue usando su jet privado apodado “Trump Force One”, el mismo con el que recorrió el país durante la campaña electoral de 2024.

Más allá del avión, el verdadero debate está en el rumbo que ha tomado la presidencia: uno en el que la institucionalidad estadounidense se pone a prueba una y otra vez frente a decisiones que, aunque legales o no, despiertan una creciente desconfianza pública.

Con información de AFP