Harvard recibió este jueves un golpe sin precedentes: el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, notificó a la universidad que ya no podrá inscribir estudiantes internacionales. La medida, confirmada por The New York Times, y ampliada en BBC News, representa la ejecución de una advertencia previa del gobierno de Donald Trump: las universidades que no cumplan con sus exigencias políticas podrían perder acceso al Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio.

"Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país", escribió Noem en su cuenta de X, al anunciar que se revocaba la certificación de Harvard por su "incumplimiento de la ley".

Harvard respondió en un comunicado institucional calificando la decisión como ilegal. “Estamos totalmente comprometidos a mantener la capacidad de Harvard para acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales”, señaló. Agregó que esta acción “de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país”, y socava su misión académica.

Además, inició un proceso judicial en contra de la medida para que se le restablezcan sus derechos como institución educativa. Según informó The New York Times, Alan M. Garber, presidente de Harvard, emitió un comunicado a toda la comunidad universitaria en el que señala que "Condenamos esta acción ilegal e injustificada que pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a innumerables otros en colegios y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para proseguir su educación y cumplir sus sueños".

Una ofensiva política

La medida no se explica como un procedimiento migratorio aislado. Desde abril, el gobierno de Trump había intensificado la presión sobre Harvard, exigiendo cambios en sus prácticas de contratación, admisión y currículo para abordar lo que considera un ambiente hostil para estudiantes judíos. Como parte de esta ofensiva, se suspendieron beneficios fiscales y se congelaron subvenciones por más de 2.000 millones de dólares, según The New York Times.

La investigación oficial que derivó en la medida fue abierta por el Departamento de Seguridad Nacional el 16 de abril. Noem acusó a la universidad de crear un entorno de enseñanza “hostil” y, en una carta reciente, exigió una lista de condiciones para restituir su permiso de inscribir estudiantes internacionales. Entre esas condiciones, detalladas por BBC News, se incluye la entrega de registros disciplinarios de todos los estudiantes no residentes en los últimos cinco años, así como materiales audiovisuales de cualquier actividad “ilegal” o “violenta” en el campus.
 

Riesgos legales y precedentes peligrosos

Expertos legales y miembros de la comunidad académica advierten que estas exigencias podrían vulnerar derechos fundamentales y el principio de confidencialidad protegido por ley. La propia universidad expresó su preocupación formal al gobierno el 30 de abril, advirtiendo que compartir los datos solicitados podría exceder los límites legales. Ese mismo día, su vicepresidenta ejecutiva, Meredith Weenick, afirmó que Harvard solo facilitaría al gobierno la información requerida por ley.

En paralelo, esta revocatoria abre un debate más amplio sobre los límites del poder ejecutivo para condicionar la autonomía de las instituciones académicas mediante herramientas migratorias o fiscales. Si la universidad decide acudir a los tribunales, como ya hizo en abril, el caso podría escalar a instancias judiciales superiores.

El impacto humano y académico

Para la comunidad universitaria, la decisión representa un terremoto. Según The New York Times, unos 6.800 estudiantes internacionales estaban matriculados el año anterior, lo que equivale al 27,2 % del total. En programas como el de la Escuela de Gobierno Kennedy, casi el 60 % del alumnado viene de fuera de Estados Unidos. Además de aportar diversidad intelectual, los estudiantes internacionales son una fuente relevante de ingresos para Harvard, al no recibir ayudas federales y pagar tarifas completas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Jóvenes de Canadá, Gales, Austria, Chile, Israel y Australia contaron a The New York Times cómo se vieron de repente en una situación de incertidumbre total. Algunos evalúan mudarse o buscar alternativas en Europa. Otros, como Sarah Davis, temen no poder graduarse o perder ofertas laborales que dependen de su estatus migratorio. “Estamos siendo usados como peones en un juego sobre el que no tenemos ningún control”, resumió Alfred Williamson, estudiante británico.

Qué puede hacer Harvard

A diferencia de otras universidades, Harvard cuenta con un fondo patrimonial superior a 53.000 millones de dólares, lo que le otorga margen para resistir presiones financieras. Pero su capacidad de maniobra no es solo económica. Puede apelar legalmente, movilizar a su red internacional y ofrecer alternativas de matrícula compartida o traslados a campus asociados.

Pero el golpe ya está dado. Y lo que se cuestiona, más allá de Harvard, es el modelo educativo que promueve la diversidad global como valor. “Esto destruirá la universidad tal como la conocemos”, dijo a The New York Times la historiadora Kirsten Weld.

Las próximas semanas serán clave para saber si esta medida queda como un caso aislado o se convierte en precedente para otras universidades en conflicto con el Ejecutivo.