El Gobierno español ha lanzado una ofensiva directa contra los alquileres turísticos irregulares, centrando su acción en plataformas como Airbnb. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ordenó el bloqueo de 65.935 anuncios por incumplimientos normativos, como la falta de número de registro, uso de licencias falsas o ambigüedad sobre si el arrendador actúa como particular o profesional. Esta medida fue respaldada por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que autorizó la retirada inmediata de 5.800 publicaciones en una primera etapa, según informó el propio ministerio en una nota de prensa.

La acción se enmarca en la entrada en vigor del registro único de arrendamientos turísticos y de temporada, operativo desde enero y con implementación plena prevista para julio de 2025. Este registro exige a cada inmueble un identificador válido y obliga a plataformas como Airbnb o Booking a verificar esta información antes de permitir que un anuncio se publique.

Desde la empresa, la reacción no se hizo esperar. En un comunicado oficial, Airbnb señaló que las nuevas exigencias pueden generar incertidumbre y afectar a quienes utilizan la plataforma para obtener ingresos adicionales, especialmente en zonas rurales o de menor demanda. La compañía pidió además que la regulación española se alinee con el marco legal europeo para garantizar seguridad jurídica y facilidad de cumplimiento para anfitriones.

Es la gentrificación

Estas medidas no se explican únicamente desde la perspectiva legal. El telón de fondo es un proceso más amplio de transformación urbana acelerada por el auge del alquiler de corta duración. Ciudades como Barcelona y Madrid han vivido una presión creciente en sus mercados de vivienda, donde los pisos turísticos han desplazado a residentes habituales, encarecido el arriendo y cambiado el paisaje comercial de los barrios.

En Barcelona, el Ayuntamiento ha documentado un crecimiento sostenido de viviendas dedicadas a turismo desde mediados de la década pasada, especialmente en los distritos centrales. El Observatori de l’Habitatge ha señalado que este fenómeno está vinculado a un aumento pronunciado de los precios del alquiler y a un proceso de sustitución del uso residencial por usos de alta rotación y mayor rentabilidad.

En Madrid, un reportaje de El País reveló que en 2024 aproximadamente uno de cada tres pisos turísticos en el centro no contaba con la licencia obligatoria. En barrios como Lavapiés o Malasaña, los vecinos han salido a la calle en distintas ocasiones reclamando medidas para evitar lo que perciben como una expulsión progresiva de los habitantes tradicionales.

Impuestos, competencias y tensiones políticas

Además del control administrativo, el Gobierno ha propuesto una reforma fiscal para que las viviendas turísticas tributen el IVA al 21 %, igual que otras actividades económicas. Esta medida forma parte de una propuesta de ley presentada por el PSOE el 22 de mayo de 2025, orientada a desincentivar el uso especulativo de la vivienda y aumentar la oferta de alquiler residencial tradicional.

La iniciativa también incluye un mayor control sobre los propietarios no residentes, la penalización de las sociedades de inversión inmobiliaria (SOCIMI) que concentran vivienda sin ponerla en arriendo, y límites a la proliferación de pisos turísticos en zonas tensionadas.

Sin embargo, no todas las administraciones están de acuerdo. La Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula el registro único, alegando que vulnera las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo y vivienda.

El derecho a la ciudad

En el fondo, lo que se debate es el tipo de ciudad que debe construirse. Las protestas contra el turismo masivo que se han visto en Palma, Málaga, Valencia y San Sebastián no son episodios aislados. Son parte de un malestar social que se expresa en carteles, marchas y plataformas ciudadanas.

Mientras el Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, las plataformas sostienen que el modelo de economía colaborativa debe ser preservado. El resultado, por ahora, es un choque abierto entre el interés público por regular el uso de la vivienda y los intereses económicos ligados al turismo de corta duración.