En agosto, el Fiscal General Bob Ferguson confirmó que su oficina estaba investigando la Universidad del Pacífico de Seattle (SPU) por sus prácticas de empleo contra LGBTQ. 

En ese momento, Al Día informó de que los estudiantes estaban tomando medidas para responsabilizar a la junta directiva por su decisión de mantener la política. 

En julio, la Universidad Seattle Pacific presentó una demanda alegando que "el fiscal general está ejerciendo el poder del Estado para interferir con las creencias religiosas de una universidad religiosa, y una iglesia, con cuyas creencias no está de acuerdo". Añadiendo que Bob Ferguson está utilizando el poder de su oficina "para presionar y tomar represalias contra la Universidad Seattle Pacific".

Esto hizo que Bob Ferguson emitiera un comunicado en el que afirmaba que "la Seattle Pacific University admite que se niega a contratar a profesores y personal gay". En mayo, los estudiantes y el personal de la Seattle Pacific University organizaron una sentada y pidieron la destitución del consejo de administración de la universidad después de que votaran a favor de mantener las políticas de la escuela que prohíben a los empleados participar en "actividades sexuales entre personas del mismo sexo". Numerosos estudiantes, profesores y otras personas de la Seattle Pacific University se pusieron en contacto con mi oficina para presentar quejas o para expresar su profunda preocupación por el hecho de que las políticas de la administración de la Universidad violan ilegalmente los derechos civiles de los ciudadanos de Washington". 

Ahora, un juez federal desestimó la demanda de la Universidad contra el fiscal de distrito del Estado de Washington, Bob Ferguson, citando que los argumentos de la Primera Enmienda de la SPU deben ser planteados en el tribunal estatal, y también rechazan los cambios de la SPU en la ley estatal. 

"Seattle Pacific continuará sirviendo a sus estudiantes y a la comunidad de acuerdo con su misión religiosa. Estamos decepcionados con el fallo procesal de hoy, sin embargo, no tocó la cuestión más amplia con respecto a los derechos de la Primera Enmienda de Seattle Pacific. El tribunal no se pronunció sobre la investigación ilegal del fiscal general. Seguiremos defendiendo el derecho de la SPU a expresar su fe en todos los aspectos de la vida universitaria", dijo a KING 5 Lori Windham, vicepresidenta y consejera principal de Becket Law.

El presidente interino de la EPD, Pete Menjares, emitió una declaración a KING 5 en la que afirmaba que la EPD "sigue comprometida a servir a nuestros estudiantes y a la comunidad del campus de una manera que honra nuestra fe y misión cristianas. El gobierno no debe interferir con nuestra capacidad de operar a partir de nuestras creencias religiosas sinceras. Estamos decepcionados con la sentencia de hoy, pero el tribunal no ha decidido si el Estado puede investigar los asuntos internos de nuestra universidad. Seguiremos defendiéndonos de las injerencias ilegales en nuestra misión cristiana". 

La Oficina del Fiscal General del Estado de Washington emitió un comunicado en relación con la demanda desestimada por un juez federal, "en lugar de responder a las preguntas sobre su proceso de contratación, la universidad presentó una demanda federal argumentando que está por encima de la ley en un grado tan extraordinario que mi oficina no puede ni siquiera enviarle una carta pidiendo información sobre sus políticas de empleo. Hoy, un juez federal ha rechazado apropiadamente esa posición extrema".

Sin embargo, los estudiantes y el personal de la Seattle Pacific University presentaron una demanda para que la institución rinda cuentas por sus políticas discriminatorias contra las relaciones entre personas del mismo sexo. 

Al Día seguirá proporcionando actualizaciones.