El senador puertorriqueño Jorge de Castro Font, en prisión por violar las condiciones de su libertad vigilada y en espera de que comience el juicio en su contra por corrupción, renunció al escaño en el Legislativo que revalidó en las últimas elecciones.

De Castro Font envió el domingo una carta al presidente de su Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernador electo, Luis Fortuño, en la que expresa su decisión de no asumir el "cargo de senador por acumulación para el cual resulté re-electo por el pueblo de Puerto Rico durante los pasados comicios del 4 de noviembre de 2008".

"Confío en que la colectividad (PNP) dispondrá de esta vacante de conformidad con las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado", concluye la breve misiva.

El pasado 17 de diciembre, el juez del Tribunal de EE.UU. en San Juan Francisco Besosa aplazó el juicio por corrupción contra Castro Font, que estaba previsto que comenzara el próximo 12 de enero, para el 2 de febrero.

Besosa ordenó cambiar la fecha del juicio a petición de la abogada del senador, Lydia Lizarríbar, quien alegó que necesitaba más tiempo para preparar el caso.

De Castro Font permanece en prisión desde el 4 de diciembre por orden de Besosa, que consideró que el legislador había incumplido las condiciones de libertad vigilada que se le habían impuesto.

Según la orden que determinó su encarcelamiento, De Castro Font se habría comunicado a través de su esposa con potenciales testigos de su caso para tratar de que sus declaraciones lo favorecieran durante el juicio.

Sobre De Castro Font pesan 32 acusaciones que se le imputaron el pasado 2 de octubre relacionadas con "un esquema de extorsión y un patrón de corrupción pública" de 1996 hasta 2008, por medio del cual se habría apropiado de al menos medio millón de dólares.

Según las acusaciones, De Castro Font sobornó, pidió pagos y aceptó regalos a cambio de ejercer su influencia como legislador, proponiendo o vetando, o votando a favor o en contra de medidas legislativas puestas a consideración del Senado, según los intereses de las personas a las que exigía los pagos recurrentes.