En el séptimo aniversario de los atentados en EEUU, grupos conservadores presionaron en contra de una “amnistía” para inmigrantes indocumentados, destacando las carencias del sistema de seguridad nacional y la  porosidad de las fronteras.

Desde el “Mall” hasta el Capitolio en Washington, los activistas realizaron actos de presión para exigir que el Congreso rechace una amnistía para losa población indocumentada, calculada en 12 millones.

Aprovechando el séptimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, en los que murieron cerca de 3.000 personas, la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) divulgó un informe sobre las carencias del sistema de seguridad nacional para rastrear a los extranjeros.

Según el grupo, persisten algunos “resquicios” y puntos vulnerables que explotaron los 19 extranjeros implicados en los atentados del 11-S.

El evento fue aprovechado por los congresistas republicanos Lamar Smith y Steve King para organizar un foro en el que se dijeron que los inmigrantes son más proclives a cometer crímenes.

El Centro para la Legislación Migratoria de Estados Unidos condenó este foro y dijo que reportes elaborados a lo largo de 100 años indican que los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes.

Hispanos fronterizos demandan al gobierno

Nueve ciudadanos estadounidenses demandaron al Departamento de Estado por negarse a expedir pasaportes debido a su raza o ascendencia y por el hecho de que ellos nacieron con la ayuda de parteras.

La demanda, entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la firma jurídica internacional Hogan & Hartson LLP y la organización Refugio del Río Grande, Inc., se respalda en una denuncia archivada a principios de año.

La demanda alega que el Departamento de Estado cuestiona de manera categórica la ciudadanía de prácticamente todo nacimiento de individuos de origen mexicano que se haya efectuado con la ayuda de una partera en los estados fronterizos del sur.

Según la demanda, el Departamento de Estado ha obligado a estas personas a sujetarse a requisitos que no son razonables para comprobar su ciudadanía, incluyendo la presentación de una cantidad excesiva de documentos que normalmente no se requieren.

Incluso después que lo solicitantes han proporcionado pruebas adicionales de su ciudadanía, el Departamento responde con la cancelación de sus solicitudes.

NCLR ataca a las palabras de odio con sitio de internet

El Consejo Nacional de la Raza (NCLR) lanzó un sitio web que documenta cómo los grupos extremistas y de odio en los Estados Unidos se han energizado con el debate migratorio y cómo la creciente intolerancia de parte de éstos ha aumentado la incidencia de crímenes por odio en contra de los latinos.

El sitio WeCanStoptTheHate.org, compagina y analiza las acciones de odio por grupos, portavoces y miembros de los medios que apoyan el movimiento anti inmigrante.

El sitio se lanzó originalmente en enero, y ha sido rediseñado para facilitar la navegación de los usuarios de manera que éstos puedan obtener boletines y mantenerse al tanto de lo que acontece respecto a este tema.

Organización lucha por agilizar naturalización

El Fondo de Educación y Defensa Legal Puertorriqueño (PRLDEF) lucha para que una corte estatal exija a Inmigración agilizar el proceso de naturalización de cientos de hispanos que desean votar en las próximas elecciones.

César Perales, presidente del PRLDEF, dijo que cuando se entabló la demanda colectiva el 7 de marzo pasado contra el Gobierno, había más de un millón de solicitantes, muchos hispanos, que esperaban completar su trámite de naturalización.

“La corte negó una orden para asegurar que los procesos se realicen en tiempos razonables. Hemos apelado esta decisión y vamos a seguir con la presión al Gobierno para que se sigan acelerando el proceso. Vemos que se agilizaron con la demanda colectiva y vamos a seguir para que más hispanos sean ciudadanos”, aseguró.

Muchos procesos han demorado hasta tres años y los hispanos han sufrido las consecuencias de esta tardanza como no poder votar, no poder acceder a beneficios y empleos, trabas para viajar y demoras en peticiones familiares a través de la ciudadanía.

Durante el proceso judicial, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) presentó pruebas de que sí había agilizado los procesos y explicaron que estaban implementando planes para acelerar estas solicitudes.

Asimismo, la agencia federal presentó evidencia que estaban trabajando seis días a la semana y horas extras con este propósito. El tiempo promedio de un trámite oscila entre 16 y 18 meses debido a revisión de huellas digitales, historial criminal y otros trámites.

Arrestan 65 trabajadores indocumentados en Arizona

El alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, informó del arresto de 65 indocumentados que trabajaban en una fábrica, entre ellos, una mujer que utilizaba el seguro social de un empleado de la Casa Blanca.

Agentes del alguacil se presentaron en las instalaciones de la compañía Gold Canyon Candle para investigar posibles casos de robo de identidad.

Durante la redada, cerca de 300 empleados estuvieron retenidos por más de seis horas, mientras se comprobaba su estatus migratorio.

Se arrestaron un total de 65 personas, de las cuales 23 podrían enfrentar cargos por robo de identidad; el resto fue arrestado por encontrarse de forma ilegal en EEUU.

Arpaio dijo que la investigación se inició en julio pasado tras recibir información sobre varios trabajadores en la planta relacionados con casos de robo de identidad, incluyendo una mujer que utilizó por siete u ocho años el número de seguro social de un empleado de la Casa Blanca.

El alguacil se rehusó a dar el nombre o el puesto que desempeña la persona afectada en la Casa Blanca, para proteger su privacidad.

Fingía ser agente fronterizo y prometía papales falsos

Un indocumentado de Carolina del norte se hizo pasar por agente de la Patrulla Fronteriza y prometió a inmigrantes en la frontera conseguir papeles falsos para entrar a Estados Unidos a cambio de miles de dólares.

El mexicano Roberto Diosdado, de 35 años,  fue detenido por agentes federales la semana pasada en una vivienda en Fuquay-Varina, cercana a Raleigh, la capital del estado, luego que una persona llamara a la unidad de asuntos internos de la Patrulla Fronteriza en San Antonio (Texas).

Según una declaración jurada de Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Carolina del Norte, Diosdado, en su posición de agente fronterizo, hizo promesas falsas de documentos a varios inmigrantes a cambio del pago entre $6.000 y $18.000.

El inmigrante, quien ahora es acusado de re-entrar ilegalmente al país luego de ser deportado en 2002, envió a un futuro cliente su fotografía en la que vestía el uniforme de la patrulla fronteriza y se hizo pasar por el agente Roberto Herrera.

La foto permitió a los investigadores determinar su identidad por intermedio del récord de una licencia de conducir de Texas para luego ser rastreado por oficiales de inmigración a Carolina del Norte.

En corte federal en Raleigh, Diosdado decidió renunciar a su derecho a una audiencia preliminar donde se establecería si había suficientes pruebas para establecer un juicio en su contra.