Las fuerzas políticas estadounidenses que buscan la regulación de los millones de indocumentados que hay en su país deben negociar reformas parciales a partir del 2009 en vez de una gran reforma integral y “perfecta”, dijo Rosario Marín, ex secretaria del Tesoro estadounidense.

“El error ha sido buscar una gran reforma perfecta que abarque a los 12, 14 ó 16 millones de indocumentados, y como resultado no tenemos ninguna reforma desde hace muchos años”, explicó la funcionaria.

Rosario Marín, quien actualmente es funcionaria del gobierno de California, recordó que en EEUU hay 10 millones de mexicanos, la mitad de ellos indocumentados, aunque precisó que la población de origen latino suma unos 40 millones de personas y representa el 15 por ciento.

La primera inmigrante que ha ocupado el cargo de secretaria del Tesoro, entre 2001 y 2003, indicó que cuando “se negocia el todo o nada, no se logra nada”.
“Tal vez se pueda analizar por nacionalidades, o por zonas geográficas”, aseguró Marín, quien también propuso regularizar a los inmigrantes de los estados del norte y posteriormente a los residentes en los estados del sur.

Consideró urgente encontrar una solución al tema migratorio para dar certidumbre a las familias fragmentadas y evitar deportaciones.

Recordó que una de las mejores propuestas fue la que presentaron en el 2006 los senadores John McCain (republicano) y Edward Kennedy (demócrata), que no fue aprobada.

Esta iniciativa preveía legalizar a inmigrantes con el cobro de una multa a los indocumentados, exigirles el dominio del inglés, el pago de impuestos y que no tuvieran antecedentes criminales, entre otros requisitos.

Aumentan detenciones y juicios a inmigrantes

Una coalición de sindicalistas latinos denunció el incremento drástico de las tasas de encarcelamiento de  indocumentados, que según ellos es “indicio de la política abusiva” del gobierno de EEUU.

“La política actual alimenta el mito de que los inmigrantes son delincuentes”, señaló el Consejo Latino para el Avance Latinoamericano (LCLAA).

Según el grupo, los procesamientos por violación de las leyes de inmigración sumaron en marzo pasado 9.350, “un incremento del 50 por ciento en relación con el mes anterior, y el 73 por ciento más que un año antes”.

La violación de las leyes de inmigración es  un delito civil que requiere una audiencia ante un juez de inmigración.

Pero “los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional tratan a los inmigrantes como delincuentes y buscan, en última instancia, su exclusión permanente, indicó.

“El tratamiento de los inmigrantes como criminales por estas infracciones civiles los convierte en inelegibles para los procesos de legalización”, agregó.
En marzo pasado, el Gobierno informó de 8.104 nuevas condenas por delitos de inmigración, lo cual representó un incremento del 24,4 por ciento en relación al mes anterior.

El número mayor de condenas por delitos de inmigración ocurre en Estados con abundante población de origen latino, según el grupo. Las personas encarceladas en prisiones federales por delitos relacionados con inmigración representan ahora “el tercer grupo más grande en nuestras prisiones”.

“Tenemos que respetar los derechos básicos de los trabajadores sea cual sea su situación migratoria”, sostuvo Gabriela Lemus, directora ejecutiva de LCLAA.