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"Policía está yendo más allá"

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Los inmigrantes hispanos de Nueva Jersey ya no pueden siquiera cambiar un llanta en la carretera sin sentir miedo de ser asediados por la Policía.

A diez meses de haber sido promulgada la directriz de la fiscal general, Anne Milgram, se ha disparado el número de los reportados a las autoridades de inmigración y no es claro si el crimen en efecto ha descendido a raíz  de dicha directiva que le otorga ciertos poderes migratorios a los agentes policiales.

A siete meses de la aplicación de la medida, The New York Times reportó el pasado marzo que las detenciones se duplicaron, y que de 10.000 reportados a inmigración sólo a 1.417 les presentaron cargos por violaciones migratorias.

Según el Departamento de Migración y Control de Aduanas (ICE), tan solo durante el mes de mayo fueron detenidos 1.808 inmigrantes en Nueva Jersey, California, Nuevo Mexico, Nueva York, Tennessee y Texas.

En agosto del 2007 y tras el homicidio de tres estudiantes de la escuela Mount Vernon en Newark (NJ), del que se sindica al indocumentado peruano José Carranza, quien tenía antecedentes penales, Milgram puso en marcha dicha medida que permite a la policía referir a las autoridades migratorias a quienes incurran en delitos mayores o manejen bajo la influencia de sustancias prohibidas.

Para la especialista en inmigración, Tatiana Durbak, el verdadero problema es buscar mecanismos para no dejar en libertad a criminales que representan un peligro para la sociedad, ya sean documentados o indocumentados.

"Hay que guardar la seguridad de la gente, pero también los derechos de los inocentes", precisó esta abogada de La casita, una organización de servicios legales para inmigrantes en NJ.

Según la abogada, sólo se deben reportar a inmigración los inmigrantes si han cometido un delito grave, sin embargo, los policías están deteniendo a la gente por cosas insignificantes.

"Por ejemplo, detienen a alguien por una luz fundida y le piden la licencia de conducir, si no la traen consigo los detienen, pero qué pasaría si una persona como yo olvida su licencia en casa. Están arrestando gente por ofensas por las cuales no se debe arrestar a alguien", explicó.

Otra situación que Durbak plantea es que "hay policías que comienzan a arrestar a personas que muestran matrícula consular buena (legal), los arrestan argumentando que portan identificación falsa y esto les permite hablar a las autoridades de inmigración, así que están aumentando los cargos y no les importa porque los cargos se pueden resolver después, pero ya es muy tarde por que ya hablaron a inmigración y ya la persona está en problemas", comentó.

Según Durbak, esta situación ha dado pie a abusos y mal interpretaciones de las autoridades, y esto crea un ambiente de hostigamiento hacia los inmigrantes que en la mayoría de los casos son inocentes.

"Se habla de los delincuentes y no se habla del hecho de que se están encerrando a inmigrantes por delitos civiles. También se habla de que en las cárceles federales hay más porcentaje de inmigrantes, pero muchos de ellos están encerrados por cruzar sin documentación, no por robar, matar o violar", comentó.

"Los ciudadanos de Estados Unidos no tienen ninguna obligación de cargar consigo un papel que pruebe que son ciudadanos", pero como "los inmigrantes no tienen en la frente una señal que dice 'sí soy inmigrante'", Durbak planteó que la forma a la que recurren las autoridades es el "perfil racial", como personas con piel más oscura.

"No creo que la fiscal tuviera la intención de dañar a los inmigrantes, así como también puedo decir que en Trenton, NJ, es mínimo el problema con esta situación, pero en otros lugares ha sido pretexto para aquellos que no quieren al inmigrante", dijo Durbak.

Para María Juega, fundadora de LALDEF, "los policías no solamente aplican esta directiva sino que van más allá de los  criterios establecidos en ella que se refiere exclusivamente a los casos de arresto por casos criminales o de manejar bajo la influencia de drogas".

Cuestionó que desde hace un par de meses el Concejo Bridgeton, en el sur de NJ, aprobó una ley que prohíbe estacionarse en los lugares donde la misma gente vive y tienen que sacar un permiso para hacerlo.

"También se les piden documentos si se encuentran cambiando una llanta a lado de la carretera", dijo Juega, asesora financiera del Latin American Legal Defence and Education Found.

"La procuradora Milgram se comprometió a recabar datos de cómo se estaba aplicando su directiva ¿Qué datos ha recabado de momento y qué reflejan esos datos? ¿Hasta qué punto la directiva ha conseguido sus objetivos de reducir crimen y aumentar la seguridad?  ¿Hasta qué punto se puede relacionar la directiva con un tipo de datos que demuestren que verdaderamente esto ha causado algún beneficio a alguien?", se preguntó Juega.

"Porque de seguro a la comunidad inmigrante le ha causado mucho daño", agregó cuestionó Juega.

Las sospechas parecen que valen

A pesar de que el Reverendo Miguel Rivera, presidente de la Coalición Nacional de Líderes Cristianos Latinos, elogió la labor de la fiscal Milgram, hizo un par de señalamientos en cuanto a la directriz para que los agentes de policía municipales funjan como agentes de inmigración.

"Hay un inciso (en la directriz) que abre la puerta para la interpretación del oficial de policía, aún cuando no esté facultado para asumir funciones como agente de inmigración, para sospechar del estatus legal de una persona en el país", dijo. Calificó de "preocupante" que esto ocurra pero mostró confianza en que esto se corregirá. Añadió que la preocupación más grande para CONLAMIC es el aspecto económico que podría tener la aplicación de la directriz. "Cuando se detiene a una persona por conceptos de migración la pregunta es quiénes están solventando ese gasto", dijo. "En otros lugares las autoridades federales cesaron los arrestos por ofensas menores porque se estaba creando un auge exagerado que afectaba el erario". Milgram "debería presentarle al gobernador lo que esto representaría en horas extra de trabajo y el costo que tiene el procedimiento de albergar un detenido".

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