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Ratifican 6 años de cárcel contra Fujimori por allanamiento ilegal

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La
Sala también ratificó por unanimidad que el ex jefe de Estado
(1990-2000) deberá pagar 400.000 nuevos soles (de 133.000 dólares) por
reparación civil, manifestó el portavoz del poder Judicial.

La
decisión, que es definitiva, confirma una sentencia dictada el 11 de
diciembre pasado por el vocal supremo Pedro Urbina en un proceso
sumario que se le siguió por el allanamiento ilegal, uno de los siete
casos por los que se le extraditó desde Chile en septiembre de 2007.

Bajo
las órdenes de Fujimori, un destacamento policial allanó la vivienda de
la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra, el 7 de noviembre de 2000,
poco después de que el ex asesor presidencial huyera del país.

Asimismo,
el entonces mandatario mandó al grupo, encabezado por un falso fiscal,
a ingresar a otro piso del mismo inmueble, de donde se extrajo gran
cantidad de maletas y cajas.

Según la Fiscalía y la
Procuraduría, entre el material requisado se escondían los denominados
"vladivideos", que fueron retirados del lugar sin ser inventariados ni
levantarse un acta, para después trasladarlos al local del grupo aéreo
número 8, donde se entregaron al ex gobernante.

En el proceso
sumario, Fujimori admitió su responsabilidad "en lo que corresponde",
con lo que buscaba acogerse a la confesión sincera para lograr una
reducción de pena.

Esta vez, al comentar la ratificación de la
sentencia, el fiscal Supremo adjunto de Perú, Avelino Guillén,
manifestó a Radio San Borja que la defensa del ex mandatario no logró
su objetivo, pues intentó "acogerse a la confesión sincera y eso ha
sido desestimado".

El proceso por el allanamiento empezó en 2003
y entre los otros sentenciados con anterioridad están el ex ministro
del Interior Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto
Bustamante, condenados a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente, así
como el falso fiscal Manuel Ubillús, con siete años de prisión.

Actualmente,
Fujimori es juzgado por casos de violaciones a los derechos humanos,
entre ellos las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992),
perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, bajo la acusación
de "autoría mediata", por los que podría recibir una pena de 30 años de
prisión.

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